El Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río del 29 de octubre llevará la propuesta del equipo de Gobierno de congelación de las ordenanzas reguladoras de los tributos y precios públicos para el ejercicio 2027, “para paliar, en la medida de lo posible, la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía por los efectos del alto coste de la energía y los carburantes y la consiguiente subida de la inflación”, informó el primer teniente de alcalde y delegado de Administración Financiera, Juan Manuel Trujillo García.
Así, Trujillo añadió que la propuesta del equipo de gobierno que se ha presenado a los grupos municipales es mantener la bajada de impuestos que se han aplicado desde 2024. “Ya se bajó un 3% el IBI de rústica y un 1,5% el IBI de urbana. El próximo ejercicio contempla una congelación general y solo se proponen modificaciones del ICIO y del IBI para bonificar actuaciones relativas a la energía ambiental y en bienes inmuebles catalogados como protegidos”, indicó
En este sentido, se mantienen las bonificaciones actuales de todos los impuestos y tasas ya aprobados en el ejercicio anterior y se amplía al 95% la bonificación al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para cualquier obra realizada en edificios incluidos en el catálogo de edificaciones protegidas en el Plan General de Ordenación Urbanística
Además, también se bonificará por el mismo importe a las construcciones, instalaciones u obras que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o ambiente para autoconsumo es decir, energía solar, fotovoltáica, térmica, aerotermia, geotermia y eólica.
Igualmente, en el impuesto de Bienes Inmuebles se aplicará una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante los cinco periodos impositivos siguientes a la finalización de la instalación a aquellos edificios urbanos donde se haya instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol o de la energía ambiente para autoconsumo.
El primer teniente de alcalde incidió que “el gobierno municipal defiende una política fiscal responsable, sensible a las dificultades económicas de los vecinos y orientada a reducir la carga tributaria en un contexto de encarecimientos de los bienes, incluidos los de primera necesidad”.
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