La titular del Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 de Posadas, ha dictaminado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Fuente Palmera, Antonio Guisado, Adame por un delito contra la ordenación del territorio,  prevaricación y falsedad documental, en torno a su participación en el proyecto de urbanización del polígono de Los Fruteros. Así se ha conocido a través de en un auto del pasado 12 de septiembre, el juicio oral será inmediato en la Audiencia Provincial de Córdoba.No solamente está implicado el ex alcalde socialista Antonio Guisado, sino que también serán juzgados otros miembros de su equipo de gobierno como Francisco López, Araceli Díaz y María Isabel Ostos.

Concretamente por prevaricación responderán Francisco López, Araceli Díaz y María Isabel Ostos, que también será juzgada por delitos continuados contra la ordenación del territorio y falsedad documental. También se encuentra implicado el ex secretario-interventor accidental, Carmelo Tubío, por un delito continuado de falsedad en certificación cometida por funcionario público.

Para entender los hechos hay que retrotraerse al año 1999, cuando Antonio Guisado como alcalde del municipio firmaba el convenio urbanístico con la propietaria del suelo, calificado como no urbanizable, mediante el cual esta cedía una serie de terrenos a cambio de un porcentaje del aprovechamiento urbanístico. Más tarde, se acordó la adjudicación y enajenación de las parcelas que se traduce en una venta.

Por esa venta, el consistorio ingresó en el 2003 en las arcas municipales  más de 341.000 euros y al parecer tendrían que constar más de 520.000 euros. Aquí es donde aparecería la primera ilegalidad ya que este desfase podría haberse debido a compensaciones pactadas con los compradores. Por otra parte, según la normativa, ese montante económico debe destinarse a desarrollo urbanístico y sin embargo, se destinó a gastos corrientes del consistorio. Esto supuso para el ayuntamiento unas pérdidas económicas directas, afectando además, al desarrollo del polígono.

El ayuntamiento además de verse envuelto en varias reclamaciones judiciales y pagar sus costes, ha tenido que devolver a cada uno de los compradores el importe de la cantidad entregada más los intereses lo que supone un total de  634.123,50 euros.

La defensa solicitó en su momento la nulidad del proceso por indefensión de los acusados, asunto que ha sido desestimado por la justicia y por tanto, el trámite del juicio sigue su proceso para celebrarse en breve.