La Diputación de Córdoba destinará un total de 315.214 euros a 74 ayuntamientos de la provincia de Córdoba para que las entidades locales puedan cumplir con la normativa estatal que obliga a la retirada de amianto en los municipios antes de 2028. Entre estos ayuntamientos se encuentran Guadalcázar que recibirá 4.235 euros, tras la adjudicación del contrato será la empresa Gisgal.

La parte subvencionada se centrará en la primera etapa del proceso que contempla la ley y que supone la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en los municipios. Así, en una primera fase de exploración el objetivo será obtener una relación de aquellos emplazamientos e instalaciones con amianto, cuando se conozca, o con alta probabilidad de contener amianto, por ejemplo, por el año de construcción o de fecha de reformas o rehabilitaciones realizada. De esta forma se puede descartar una gran parte de los emplazamientos e instalaciones y centrar los recursos de identificación en aquellos en los que sea más factible encontrar amianto.

La ayuda aportada por la Diputación de Córdoba también cubrirá la redacción del contenido del censo. En esta etapa, se debe recoger la información que permita priorizar las actuaciones de retirada, en base al grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable.

Así, como mínimo, debería contener el año de construcción o de rehabilitación (considerar las reformas que se hayan llevado a cabo), titularidad, localización, uso, ocupación (número de personas), tabla resumen de los materiales con amianto inspeccionados que incluya el nivel de riesgo de cada uno de ellos y las acciones requeridas en cada caso. La normativa también establece que sería recomendable que el formato de los censos sea digital.

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