Las alcaldesas de Almodóvar del Río, Mª Sierra Luque, y Pedro Abad, Magdalena Luque, han advertido tras el consejo de administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba (CMTC) celebrado hoy que, lejos de mejorar, el servicio de transportes por carretera está empeorando día tras día porque en su seno prima la rentabilidad económica por encima de dar un buen servicio de autobuses.

Por este motivo, han solicitado en dicha sesión la elaboración de un estudio actual del servicio que se presta a los ciudadanos/as, con la finalidad de modificar horarios y ampliar frecuencias para que los autobuses interurbanos ofrezcan un servicio más competitivo y acorde   a   la   demanda   real,   situada   actualmente   en   un   70%   con   respecto   a   la   época prepandémica.

En este sentido, la primera edil carbulense ha manifestado que “es normal que la demanda baje si los horarios no atienden las verdaderas necesidades de los usuarios/as, lo que está provocando que la población ni siquiera tenga interés en conocer los mínimos servicios que cubre, sobre todo los fines de semana, porque no facilitan la movilidad”.

A este respecto, Luque ha insistido en que la situación se agrava a primera hora de la mañana, cuando muchísimos estudiantes de la localidad se quedan en tierra porque los autocares llegan llenos a las paradas, además de que muchas de las frecuencias no entran en Los Mochos, provocando un malestar en los usuarios de este barrio periférico.

Por su parte, la alcaldesa de Pedro Abad, Maleni Luque, ha declarado que “poco vamos a conseguir en temas de movilidad y vertebración del territorio si el servicio público que se presta es de la Prehistoria, cada vez peor, con menos horarios y frecuencias que antes de la pandemia”.

Nueva subasta de operadores Así, la primera edil perabeña ha explicado que actualmente son las propias empresas concesionarias de los servicios de transportes las que deciden si un horario se presta o no en función   de   la   demanda,   por   lo   que   abogó   por   realizar   una   nueva   subasta   de   dichas concesiones para que el servicio público se priorice por encima de la rentabilidad de dichas líneas.

Además, ambas alcaldesas, que han votado en contra el presupuesto del CTMC para 2023, quieren reivindicar una ampliación de fondos para los consorcios de transportes de la Comunidad Autónoma posibilitando así que el transporte por carretera se convierta en una verdadera   obligación   de   servicio   público   y   no   en   un   negocio   para   los   operadores   de autobuses. Asimismo, coinciden en que la aportación anual de la Junta de Andalucía de 800.000 euros para el CMTC, una materia de su competencia que atiende a unas 500.000 personas, resulta, a todas luces, insuficiente para que la oferta de transportes ofrecidos sea verdaderamente un servicio real a la ciudadanía.